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Piden garantías para que discapacitados puedan votar

A través de la Resolución Nº 484/11, el Defensor del Pueblo de Corrientes, Miguel Alegre, solicitó a las autoridades judiciales con competencia electoral en la provincia que tomen las medidas necesarias para “garantizar el derecho a sufragio de todas la personas en igualdad de condiciones y, en particular, a las personas con capacidades diferentes, en futuros comicios que se celebren en la provincia”.
  
 
La medida surge como resultado del episodio vivido por un trabajador de la Defensoría con discapacidad motriz, Andrés Peral, quien en la última elección del 18 de septiembre fue víctima de discriminación por parte de autoridades y fiscales de mesa donde le tocó votar, porque se negaban a acercarle la urna donde debía sufragar.
 
El Ombudsman recomendó a la Junta Electoral de la Provincia de Corrientes y a la Secretaría Electoral Nacional, que en los próximos actos eleccionarios que se realicen en Corrientes “hagan cumplir el artículo Nº37 de la Constitución Nacional y demás normas legales que aseguran el derecho a sufragio de todas la personas en igualdad de condiciones y en particular a las personas con capacidades diferentes” y solicitó a las autoridades con competencia electoral de la Nación y de la Provincia de Corrientes que “den expresas instrucciones a las autoridades de mesa para facilitar el derecho a sufragio”.
 
El damnificado por el hecho, que cumple funciones en las oficinas de Córdoba 1264, presentó formalmente su queja en la Defensoría, denunciando el “impedimento para votar en las elecciones legislativas por ser discapacitado motriz”, y alegando “discriminación”. El episodio ocurrió el domingo último en la entrada de la escuela “Mariano Moreno” de esta capital, la que como tantos otros establecimientos escolares en la provincia no cumple con la legislación vigente que obliga a eliminar las barreras arquitectónicas en todo edificio público.
 
El denunciante Andrés Peral, que se moviliza en silla de ruedas, relató el desagradable momento que experimentó el día que concurrió a votar y se encontró con que la única entrada a la escuela era una escalera sin rampa, lo que le impedía el acceso. Los familiares que lo acompañaban avisaron de la situación a las autoridades de la mesa Nº118 donde debía emitir su voto y solicitaron “que bajaran la urna hasta la puerta del establecimiento educativo para que yo pudiera votar, pero ellos se negaban de manera sistemática y fue humillante para mí y mi familia, lo que hicieron es una discriminación grave” contó el denunciante.
 
Luego de varios minutos de discusión en que la gente que se encontraba en el lugar exigía se hagan cumplir los derechos del joven, las autoridades de mesa se aproximaron hasta las primeras gradas y Peral pudo finalmente cumplir con su derecho, lo que generó un aplauso espontáneo de los presentes, en repudio a las autoridades de la elección.
 
Ante esto, Alegre consideró que el hecho denunciado “es un tema de prioridad absoluta para la Defensoría del Pueblo de Corrientes no solo porque afecta derechos y garantías constitucionales y normas provinciales, si no porque además no se puede en silencio tolerar actitudes de esta naturaleza en el ejercicio esencial democrático de emitir el voto”.
 
Recordó que “el acto de sufragar, además de ser un derecho, es un deber civil garantizado para todas las personas por igual, y es lamentable que alguien deba sufrir el maltrato por cualquier tipo de discapacidad. Como Defensoría nos ocuparemos de que hechos como este no vuelvan a ocurrir” aseveró. Además,  se recordó que la denuncia presentada en la Defensoría se elevará ante el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), acompañando copias de la denuncia en la Defensoría y de las repercusiones del caso en los medios locales.
 
LA DENUNCIA Y EL FUNDAMENTO LEGAL
En la queja formulada, el denunciante citó la Constitución Nacional que en su artículo Nº37 establece que “el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”, en su doble condición de derecho y obligación. Además, mencionó un párrafo de un instructivo del Ministerio del Interior de la Nación para a autoridades de mesa en la emisión de sufragios de personas con capacidades diferentes, que expresamente advierte: “si la mesa está ubicada en una planta de difícil acceso, el Presidente de Mesa con la compañía de fiscales, deberán trasladar la urna a la planta baja para que el elector pueda emitir su voto en un cuarto oscuro de la mesa más accesible a la entrada del establecimiento….” y cita el artículo 94 del Código Electoral Nacional.
 
Además, se citó a la Ley Provincial Nº 4478, que en su capítulo VII, art. Nº30 garantiza la accesibilidad física a los edificios de propiedad pública, destinados a usos que impliquen la concurrencia del público y utilizables por los discapacitados, la Resolución Ministerial Nº 820/06 que crea el Programa de Accesibilidad Electoral en la Dirección Nacional Electoral, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su art Nº 29 se refiere a la participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad, entre otros.