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INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO
Causa Derrumbe: Imputaron al intendente Camau

La Justicia determinó la imputación del Jefe Comunal y cinco funcionarios más por el incumplimiento de los deberes de funcionario público tras la denuncia de la abogada Laura Olivera, causa que se unificó a la que se instruye por el derrumbe de San Martín al 600.
 

Tras el derrumbe por el que perdieron la vida ocho obreros de la construcción, la abogada Olivera formalizó una denuncia contra el Intendente Espínola y cinco funcionarios más como consecuencia de los innumerables pedidos de control a varias obras en construcción. El pedido de la abogada avanzó, y ahora la justicia determinó no solo la imputación al Jefe comunal capitalino, sino también la de cinco de sus funcionarios, y además la unificación con el expediente en el que se investiga la muerte de ocho albañiles el pasado jueves 22 de marzo.
 
Los dos expedientes fueron unificados días pasados por la jueza de Instrucción Graciela Ferreyra por pedido del fiscal Gustavo Robineau.
 
En los últimos días se vio a uno de los reconocidos abogados defensores de los empresarios imputados visitar el despacho del jefe comunal en busca de una estrategia defensiva común.

La jueza de Instrucción Nº 6, Graciela Ferreyra, planteó la unificación de las causas presentadas por Laura Olivera y los querellantes Ernesto González y Rubén Leiva. Olivera había pedido al Juzgado de Instrucción Nº 3 la imputación del intendente Carlos Camau Espínola y miembros de su gabinete por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, en el marco del derrumbe ocurrido el pasado 22 de marzo en el edificio de calle San Martín 652. En tanto, la querella imputó a los empresarios y pidió el testimonio de funcionarios municipales.

Ahora, la propuesta judicial es la de unificar ambas denuncias para adjuntar las pruebas recolectadas en los nueve allanamientos a oficinas municipales a la causa que abrió la familia de Diego Rodríguez, obrero muerto en el derrumbe, con la representación de González y Leiva. En el marco de esta investigación, la semana que viene comenzará una ronda de testigos que incluirá profesionales, empresarios, funcionarios y agentes de la Dirección de Tránsito.

La denuncia de Olivera alcanza al intendente Espínola; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Martín Barrionuevo; la secretaria de Gobierno, Cecilia Custidiano, y el subsecretario de Obras Particulares, Daniel Bedrán.

En sus argumentos, asegura que estos se encontraban en conocimiento de los reiterados incumplimientos que se cometían en obras y apela al juramento que hicieron al asumir el ejercicio de la función publica, por la inobservancia en el cumplimiento de las leyes que regulan el ejercicio de la actividad profesional de la construcción de obras de infraestructura.

La presentación se fundamenta en general en el artículo 225º de la Constitución de la Provincia de Corrientes, inciso 10, en lo que refiere a las atribuciones y deberes específicos del Municipio.
En este contexto, el viernes 27 de abril se realizaron los allanamientos a oficinas del Municipio.
Según explicó Olivera a La República, en la causa por estrago doloso no se imputó a funcionarios ni hubo allanamientos, y es por ello que piden la unificación con su presentación, a fin de que las pruebas y documentos que se recolectaron en las oficinas de los funcionarios de Espínola sirvan para avanzar en la causa de González y Leiva.

“Las causas tienen una conectividad objetiva, que es el derrumbe en sí mismo, y una conectividad subjetiva, ya que los autores son los mismos”, precisó la denunciante. Además, la querella estaría interesada en la unificación con el objeto de poder interrogar a los funcionarios, al menos y en principio, en calidad de testigos.